
Durante un operativo de seguridad de alto impacto realizado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al suroriente de Bogotá, las autoridades lograron recuperar una motocicleta que figuraba con reporte de hurto. El resultado se dio en el marco de una “megatoma” adelantada como parte de las acciones de control y verificación en vía pública.
La intervención, que se extendió por más de siete horas, fue desarrollada por la Policía Metropolitana de Bogotá en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. El operativo se concentró en los sectores de Olaya, Bosques de San Carlos, Puerto Rico y Molinos, donde se desplegó un dispositivo orientado a reforzar la presencia institucional y prevenir hechos delictivos.
Durante la jornada se realizaron registros a personas y se verificaron 85 vehículos y 256 motocicletas. Como resultado de estos controles, fue identificada en vía pública una motocicleta marca Suzuki AVN 10, la cual contaba con reporte por hurto vigente.
En el desarrollo del operativo, las autoridades también inspeccionaron cinco establecimientos comerciales, de los cuales uno fue suspendido por incumplir la normatividad vigente. Adicionalmente, se impusieron comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801).
De igual forma, se incautaron elementos considerados de riesgo para la seguridad ciudadana, entre ellos armas cortopunzantes y dosis de sustancias estupefacientes.
Desde la Secretaría Distrital de Seguridad se indicó que este tipo de intervenciones hacen parte del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia, particularmente de las estrategias de Distrito Seguro y Control Urbano, que buscan fortalecer la protección de zonas residenciales, comerciales e industriales, así como estabilizar sectores con alta incidencia delictiva.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, señalando que la información aportada por la comunidad es fundamental para adelantar procesos sancionatorios e investigativos.