La Fiscalía judicializó a 12 personas, entre colombianos y venezolanos, que harían parte de esta estructura presuntamente vinculada al Tren de Aragua.
Una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación y en un trabajo articulado con el Gaula del CTI, de la Policía y del Ejército Nacional, fue impactada una estructura ilegal conocida como Los Coterráneos, conformada por colombianos y venezolanos, presuntamente implicados en amenazas, secuestros y extorsiones a comerciantes de Soacha (Cundinamarca).
Diligencias adelantadas en Bogotá, Soacha y Barranquilla (Atlántico) permitieron la captura de ocho presuntos integrante de esta red criminal, que tendría vínculos con el denominado ‘Tren de Aragua’. Cuatro internos de la cárcel de Guaduas (Cundinamarca) fueron notificados de procesos en su contra por posibles llamadas extorsivas.
Entre los procesados están Wilmer López Flórez, alias Niño o Costeño condenado en dos oportunidades por hechos similares.
El material probatorio da cuenta que los integrantes de ‘Los Coterráneos’ enviaban mensajes amenazantes a las víctimas y las intimidaban con armas de fuego, granadas y artefactos explosivos. En el último año, se habrían cometido por lo menos 10 acciones intimidantes contra quienes se negaban a pagar las extorsiones.
Los procesados fueron imputados, de acuerdo con su presunto nivel de responsabilidad, por lo delitos de secuestro extorsivo, extorsión agravada, desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado, hurto calificado y agravado; y porte ilegal de armas de fuego.
Ninguno de los investigados aceptó los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Acciones criminales.
El 9 de mayo de 2022 esta red habría secuestrado al propietario de un supermercado en Soacha, a quien le hurtaron electrodomésticos y elementos de valor por negarse a pagar 20 millones de pesos. La víctima habría recibido nuevas presiones el 27 de julio del mismo año.
El 13 de junio de 2022, un establecimiento de comercio fue atacado porque su propietario no pagó los 10 millones de pesos que le exigían.
Fuente: Fiscalía General