También fueron judicializadas cinco personas como presuntas responsables de traficar sustancias para la elaboración de artefactos explosivos
Por solicitud de una fiscal adscrita a la Seccional Cundinamarca, un juez de control de garantías privó de la libertad a Hoffman Arnulfo Melo Castro, quien habría utilizado como fachada una empresa de pirotecnia en Bogotá para ingresar al país clorato de potasio, un insumo utilizado en la fabricación de explosivos.
La evidencia técnica permitió establecer que la sustancia era presentada como insumo agroquímico, y transportada a través de empresas de envíos a zonas rurales de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. Al parecer, el clorato de potasio era comercializado por las estructuras criminales dedicadas a la minería ilegal y a otras actividades ilícitas.
Junto con Melo Castro fueron judicializadas otras cinco personas, entre ellas, Darling Alberto Balaguera Parra, alias Darling; quien al parecer era el responsable directo de coordinar el trasporte, la distribución y venta de los insumos explosivos.
En los operativos que realizó la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional, se logró la ubicación de 11 bodegas clandestinas ubicadas en Bogotá, Mosquera (Cundinamarca), Chiquinquirá (Boyacá), y Medellín (Antioquia).
En total se incautaron tres toneladas de sustancias explosivas, 8.005 detonadores no eléctricos, 8.160 fósforos eléctricos que permiten activar artefactos explosivos, 428 metros de cordón detonante, 37 detonadores modificados, 1.500 metros de mecha de seguridad, cinco armas de fuego, tres proveedores y 600 cartuchos.
Adicionalmente, se hallaron aproximadamente 14.400 dólares, 123 millones de pesos y 14 celulares.
La Fiscalía General de la Nación imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; y enriquecimiento ilícito. El juez del caso impuso a tres de los capturados medida intramuros y a los otros tres domiciliaria.
Así mismo, fueron afectadas las finanzas criminales de esta estructura mediante la ocupación de 12 bienes con fines de extinción del derecho de dominio avaluados en 1.750 millones de pesos.
Fuente: Fiscalía General