Estarían involucrados en dos modalidades distintas de extorsión, una relacionada con la suplantación de autoridades y la otra con la exigencia de dinero a comerciantes para permitirles ejercer su actividad económica en la ciudad.
La contundencia del material probatorio aportado por fiscales de la Seccional Bogotá fue determinante para judicializar a nueve personas que estarían involucradas en el cobro de extorsiones en la ciudad.
Suplantación de autoridad
El pasado 10 de febrero, un conductor fue contratado para trasladar un camión de Armero (Tolima) a Bogotá. El transportador cumplió el recorrido, recogió el vehículo en el punto indicado y lo llevó a un parqueadero del barrio El Tunal, en el sur de la ciudad. Al día siguiente, fue contactado por tres personas que se identificaron como integrantes de la Policía Nacional, y le exigieron 16 millones de pesos para no judicializarlo ni inmovilizar el automotor porque presuntamente estaba reportado como robado.
El hombre contactó inmediatamente al propietario del camión, quien acudió ante el CTI de la Seccional Bogotá para informar lo ocurrido. La rápida respuesta investigativa permitió establecer que Wilmer Fabián Nieto Zambrano sería el responsable de las llamadas intimidatorias, por lo que fue capturado.
La Fiscalía lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de extorsión.
Caen cuatro presuntos integrantes de la red delictiva autodenominada ‘Bloque Capital’
Con la coordinación de un fiscal especializado GAULA, unidades de la Policía Nacional capturaron a cuatro personas que harían parte de una organización delictiva autodenominada ‘Bloque Capital’, que sería la responsable de extorsionar a los comerciantes para permitirles ejercer su actividad económica. Además, fueron notificadas en centros carcelarios cuatro personas más quienes, al parecer, realizaban llamadas extorsivas y el dinero producto de este delito era cobrado por los hoy capturados.
En el curso de la investigación se identificaron víctimas que habrían sido amenazadas, a través de audios y mensajes intimidatorios, para obligarlas a pagar las sumas exigidas y permitirles ejercer su actividad económica en las localidades de Bosa y Suba, en el suroccidente y noroccidente de Bogotá, respectivamente; y en varios municipios de la sabana.
Fuente: Fiscalía General